Las lecciones de Guernica

Un extenso operativo policial se convirtió en la noticia de fines de octubre. Desde hacía tiempo, una gran cantidad de familias e individuos se encontraban ocupando una serie de predios en uno de los distritos más empobrecidos del conurbano bonaerense, acompañadas por diversas organizaciones sociales y políticas que respaldaban su reclamo ante el gobierno provincial. El problema que se encontraba detrás: la falta de viviendas. Recientemente, unas múltiples y extensas rondas de negociaciones entre las partes se vieron cerradas abruptamente por un violento desalojo en el cual participaron más de 4.000 policías, helicópteros y grupos de asalto. A pesar de violar resoluciones legales previas, como la que pautó la realización del operativo durante el día, y de saldarse con una elevada cantidad de personas heridas y detenidas, y con bienes destruidos sin mayor clemencia; la represión encontró rápidamente respaldos con diversos grados de entusiasmo en el gobierno y los medios.

En función de ello, se implementaron desde las más ridículas calumnias hasta las más consecuentes obviedades. Mientras que entre las primeras destacó una supuesta intransigencia de las organizaciones políticas de izquierda en las negociaciones, así como el empleo por parte de estas de los gases lacrimógenos arrojados; entre las segundas sobresalieron las más variadas defensas de los derechos de propiedad. Si bien una marcada minoría del kirchnerismo, más dispersa que organizada, expresaría su pesar con los sucesos, la actitud predominante sería (y es) en este la reproducción del discurso gubernamental con tintes crecientemente macartistas. Asimismo, sobra prácticamente aclarar que, ante el desenlace de los eventos, la opinión de la oposición de derechas rápidamente se alinearía, en lo esencial, con la de oficialismo. Además, el mismo día se llevaría a cabo el desalojo de los cooperativistas entrerrianos liderados por Juan Grabois y Dolores Etcheveheres, aunque el grado de violencia con el cual se resolvió la situación sería notablemente menor. Por supuesto, se trataba de un referente político cercano al oficialismo y de un elemento de la burguesía. Finalmente, inequívocas imágenes del presidente y del gobernador junto a su ministro frente a patrulleros al día siguiente serían el corolario de esta serie de acciones y discursos.

Sin embargo, a pesar de los delirantes relatos oficialistas, el rol de las organizaciones políticas de izquierda se limitó durante la jornada en cuestión a resistir el embate inicial de la policía y a cubrir la retirada del resto de los afectados. Asimismo, el castigo burgués a la solidaridad obrera se les vino encima rápidamente, y gran cantidad de los detenidos resultaron ser militantes socialistas (no está de más recordar la violencia con la cual se llevaron a cabo las detenciones). También, serían estos últimos los protagonistas principales de las últimas acciones de la jornada, cuyo fin fue fundamentalmente lograr la liberación de los capturados. Lamentablemente, los discursos posteriores de los dirigentes honrarían en escasa medida, a nuestro juicio, el accionar de sus militantes a lo largo de la jornada.

En principio, las condenas se concentraron en el ministro de seguridad y, en menor medida, en el gobernador de Buenos Aires. Incluso, no tardaron en aparecer posicionamientos que tendían a criticar a este último por haber delegado “la conducción política e ideológica” del gobierno a su supuesto subordinado. Nos referimos aquí a las declaraciones de Christian Castillo, referente del PTS, las cuales difícilmente podemos disociar de las de su par, Miryam Bregman, quien hace dos años se había dirigido hacia Kicillof llamándole “compañero”. Dicha línea partidaria parece dar escasa o nula cabida a la posibilidad de que los fines y medios que determinaron el desarrollo del desalojo puedan ser autoría del gobernador bonaerense. En ese sentido, la renuncia de Berni se convirtió en el eje de las reivindicaciones, no solo del PTS, sino de gran parte de la izquierda (cuyas posiciones, en general, tampoco difirieron demasiado con las de éste).  No obstante, cabe preguntarse qué se esperaba, entonces, de Kicillof, un inequívoco representante del régimen burgués, el cual hace de la defensa de la propiedad privada uno de sus pilares fundamentales.

Pero, si bien ampliar y nivelar el elenco de culpables le quitaría en buena medida los ribetes oportunistas a las conclusiones más generales que gran parte de la izquierda sacó de los acontecimientos, dicha operación no terminaría de ser idónea. En cambio, creemos aquí que en lo sucedido se pueden hallar los paradigmas más elementales del funcionamiento de una sociedad burguesa: si la “solución” ha sido una de las más típicas de esta (la defensa estatal[1] de la propiedad privada), el problema comparte símiles características. Y es que, en Argentina, el déficit habitacional es uno de los aspectos más acuciantes que debe padecer la clase obrera del capitalismo en el que está inserta. Asimismo, en tanto es este un rasgo estructural del régimen burgués en cuestión, poco sensato es esperar de los representantes del mismo su eliminación. Por ello, a los socialistas nos corresponde demoler las esperanzas en estos últimos indicando los límites infranqueables de su accionar, y no pretender que este pudo haber sido otro (pero que hubo una “desviación” o “traición”) frente a los trabajadores.

En ese sentido, si culpar tan solo a una parte del elenco de gobierno es oportunista, extender dicha acción al conjunto de éste es, no obstante, insuficiente. Incluso, el señalamiento de las burguesías detrás de estos no terminará de arrojar luz sobre la cuestión. En cambio, a los socialistas nos corresponde situar lo acontecido en las dinámicas más generales del capitalismo y de las particularidades del régimen burgués argentino. Encontraremos allí las lógicas que restringen la acción de sus elementos sociales y políticos, pero también la razón última para superar el orden vigente.


[1] En este caso, por medio de uno de los atributos estatales más básicos: el de la coerción legítima.