Venezuela: crisis política, económica y la tarea de la clase obrera

Presentamos un análisis realizado en noviembre de 2019 sobre la situación coyuntural que vive Venezuela pero que también ahonda en sus bases estructurales. 

Coyuntura política y económica

Venezuela está asistiendo a la crisis económica más profunda de su historia. Su inflación anualizada (2019) fue de un 4.520%, la más alta del mundo por cuarto año consecutivo, mientras que su déficit fiscal alcanzó los dos dígitos por sexto año consecutivo, su riesgo país se convirtió en el más alto del mundo, y sus reservas han tocado el punto más bajo en veinte años. En ese contexto, los trabajadores venezolanos padecen una inédita destrucción de su poder adquisitivo como consecuencia directa de la caída de los salarios reales y de una aguda escasez de bienes y servicios vitales para la reproducción cotidiana (debida no solo a las obvias dificultades para importar sino también a la acción de especuladores).

La caída de los precios del petróleo, a la cual se asiste desde 2014, impactó profundamente en el modelo de acumulación capitalista venezolano, que se basa en la apropiación estatal de la renta petrolera con vistas a su posterior transferencia entre sectores burgueses más o menos afines al gobierno de turno (a los cuales se conoce actualmente como boliburguesía). La falta de inversión productiva por parte de estos sectores (entre los cuales destacan los importadores) no hace sino agravar la vulnerabilidad del modelo a las oscilaciones del mercado mundial (1).

A su vez, el país asiste a una aguda crisis política marcada por la profundización cualitativa y cuantitativa (2) de los enfrentamientos entre la oposición liderada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En el contexto de los mismos, la primera ha apelado de manera creciente a la movilización popular, mientras que el segundo ha hecho lo propio con los mecanismos represivos (como la dispersión violenta de manifestaciones callejeras o el encarcelamiento de líderes opositores). La oposición se ha nutrido asimismo de una nueva generación de militantes y simpatizantes de extracción estudiantil (terreno en el cual el chavismo no ha podido consolidar una base de apoyo sólida), de la cual procede Juan Guaidó y ha sabido capitalizar (sobre todo a inicios de 2019) el descontento popular.

El contundente triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de 2015 delimitó como bastiones a los poderes de gobierno, ya que mientras el legislativo pasó a estar hegemonizado por las fuerzas afines a la MUD, el ejecutivo y el judicial se han mantenido bajo control gubernamental. A partir de allí, poco a poco la escalada de tensiones convirtió a la división de poderes en un auténtico fundamento de la crisis política.

Si bien el oficialismo reconoció el triunfo opositor de 2015, poco después de que se conformase la nueva Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunció irregularidades en la incorporación de los diputados indígenas del Estado amazónico. Ante la insistencia de la AN en incorporar a los parlamentarios en cuestión, el TSJ resolvió declararla en desacato, asumiendo en los hechos sus funciones. No obstante, el legislativo desconoció la medida judicial y continuó en funciones, aun después de que los diputados indígenas solicitasen su desincorporación para avanzar en un acuerdo con el gobierno (diciembre de 2016). La situación configuró así un desconocimiento mutuo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (que contaba a su vez con el apoyo del Poder Judicial), que se expresaría en la iniciativa por parte del primero de conformar una nueva Asamblea Nacional en 2017 (con un carácter constituyente que la elevaba por encima del conjunto de los poderes públicos) y en la iniciativa por parte del segundo de nombrar un nuevo presidente (de carácter provisional) en 2019.

Naturalmente, los comicios convocados por el Ejecutivo tanto en 2017 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente como en 2018 para nombrar un presidente, fueron impugnados por el Legislativo, que los tachó de fraudulentos. Así, si bien la oposición había reclamado en numerosas ocasiones la celebración de elecciones anticipadas, cuando estas se anunciaron gran parte de la misma se abstuvo de participar, posibilitando un aplastante triunfo oficialista. Debe señalarse que, al momento de las mismas, la oposición guardaba una escasa cohesión debido no solo a sus desacuerdos internos sino también al encarcelamiento de sus principales líderes (como Leopoldo López o Henrique Capriles).

Los enfrentamientos entre oficialismo y oposición alcanzaron finalmente un pico el 23 de enero de 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó (con el apoyo de este órgano) como presidente provisional de Venezuela. Grandes movilizaciones por parte de uno y otro bando, así como el creciente recurso gubernamental a la represión, que se saldó gran cantidad de muertos y heridos (las estimaciones más altas, que incluyen manifestantes oficialistas asesinados por parte de sus contrapartes opositores, arrojan una cifra de 150 muertes), caracterizarían las jornadas del primer cuarto del año.

 

Bases de apoyo de los bandos en pugna

Como hemos dicho, en esta coyuntura tanto la oposición como el oficialismo han recurrido crecientemente a la movilización popular, para lo cual han debido disputarse los apoyos de la sociedad civil. Las manifestaciones callejeras, que cristalizaron el éxito con el cual uno y otro bando persiguieron este objetivo, demostraron un alto poder de convocatoria en manos de ambos (que en el caso de la oposición se presentaba casi como una sorpresa). Sin embargo, el apoyo opositor fue menguando a medida que se sucedían las movilizaciones como consecuencia de varios factores, mientras que el del chavismo-madurismo se asienta sobre bases que se vuelven más y más endebles a medida que avanza la crisis económica.

En principio, los discursos de Guaidó y sus allegados parecieron eficaces para capitalizar los descontentos ante las penurias padecidas por la mayoría de la población y para darles un cauce movilizador que prometía derribar al gobierno de Maduro. Sin embargo, tanto la represión gubernamental como los pobres resultados obtenidos en relación a las expectativas generadas (movilización tras movilización se convocaba en calidad de “decisiva”) parecen haber hecho menguar estos apoyos (no tanto en cantidad como sí en calidad), por lo cual el poder de movilización del líder opositor ha caído notablemente. Además, estos discursos no solo encontraron poco correlato con los resultados estratégicos planteados sino también con las propias acciones de la dirigencia opositora, que a pesar de haber señalado en numerosas ocasiones la imposibilidad del diálogo con Maduro y “su régimen” ha retomado el mismo recientemente (3).

El gobierno, por su parte, ha recurrido en ocasiones muy puntuales a la movilización popular, principalmente orientada a la demostración de fuerza. A su vez, el entramado organizativo que el chavismo ha construido desde sus inicios se ha demostrado muy eficiente para acometer dicha tarea, a pesar de montarse, como dijimos, sobre mecanismos muy susceptibles a la evolución de la crisis económica. Entre estos se encuentran los mecanismos de asistencia social tendientes a generar dependencia económico-política en sus receptores, como el “carnet de la patria”, que permite acceder a diversos subsidios y bonos de ayuda (4), cuya mantención se dificulta más y más debido a la creciente erosión de los fondos del Estado (y cuyas prebendas son cada vez más insuficientes como consecuencia de la inflación y la escasez de bienes y servicios).

Además, el gobierno y la oposición requerían, para sus objetivos, mantener y ganar (respectivamente) el apoyo de un actor político de gran importancia en el país, las fuerzas armadas. Si ya de por sí la caída del apoyo civil obligó a uno y otro bando a buscar soporte en las fuerzas, sus estrategias hacen de este soporte una auténtica necesidad. El gobierno necesita, por un lado, de un aparato militar que le permita enfrentar tanto las amenazas internas (que le permita reprimir) como externas (que le permita enfrentar una eventual intervención militar foránea); mientras que la oposición requiere de apoyos que le permitan evitar apelar a una movilización popular que puede terminar por desbordar su propia dirección y designios.

En este terreno el gobierno lleva una ventaja evidente, ya que ha mantenido la lealtad de casi la totalidad de los altos mandos (que no fue solo implícita, ya que hubo manifestaciones públicas de apoyo por parte de los mismos) y de buena parte de los elementos subalternos. Dicha ventaja es además difícil de revertir, ya que los altos mandos de las fuerzas se encuentran en posiciones que les permiten controlar áreas estratégicas de la economía como las vinculadas al petróleo, a la minería y a la producción de alimentos (5), lo cual implica no solo que tienen intereses inmediatos en la mantención del modelo económico vigente y de su garante político, sino que también son, en buena medida, artífices de dicho modelo. La situación es diferente, en cambio, entre los elementos subalternos, que padecen penurias muy similares a las del conjunto de la población (a pesar de estar en una situación de estabilidad mayor), lo cual ha inclinado a una minoría de los mismos a protagonizar deserciones y actos de rebelión.

Por otro lado, los acontecimientos generaron un revuelo internacional que se expresó en numerosas declaraciones de apoyo a uno y otro bando. El “gobierno provisional” de Guaidó ha recibido el reconocimiento explícito de la mayor parte de las potencias occidentales, como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, y de buena parte de los gobiernos latinoamericanos (a excepción de Cuba, Bolivia, México y Uruguay (6)) mientras que el gobierno de Maduro ha recibido y mantenido el apoyo explícito de Rusia, China, Turquía, Cuba y Bolivia. Por su parte, el apoyo estadounidense a Guaidó se dio bajo una retórica belicista que terminó por dividir a la oposición (7) y por legitimar la llegada de contingentes rusos, cubanos y chinos, cuya asistencia difícilmente se limite a afrontar “amenazas” externas. A su vez, las sanciones económicas impulsadas por los yanquis, basadas principalmente en el congelamiento de activos y en la prohibición de compras de las exportaciones venezolanas (aprovechando la dependencia del país respecto a las mismas) han permitido al gobierno elaborar un discurso en el cual el “imperialismo” aparece como el origen de todas las penurias del país (cuyo modelo de acumulación se bastó para provocar la crisis económica vigente y se bastaría para erosionar rápidamente los activos en cuestión).

 

Conclusiones y tareas de los socialistas.

Como socialistas, es fundamental que nuestras posiciones se estructuren en torno a los intereses de la clase obrera. La situación de la misma bajo el gobierno de Maduro es, como hemos visto, penosa: su poder adquisitivo se ha erosionado como consecuencia de la caída del salario real, del desempleo y de la escasez (aprovechada especialmente por especuladores de uno y otro bando), sus manifestaciones son violentamente reprimidas y, mientras que las condiciones empujan a crecientes elementos de la misma a la criminalidad, el gobierno ha implementado una política de “mano dura” que se saldó con el asesinato de 5.287 personas por parte de las FAES (también llamadas “escuadrones de la muerte”) solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo en 2018 (8).

A la represión de las manifestaciones callejeras se suma el encarcelamiento de dirigentes políticos (entre los que se cuentan el propio Juan Guaidó, Leopoldo López o Antonio Ledezma) y sindicales (como Rubén González) opositores. La oposición ha señalado en numerosas ocasiones que estos hechos, junto a una serie de irregularidades denunciadas por sus referentes en los comicios que conformaron el Legislativo de jure (es decir, la ANC) y el Ejecutivo, han transformado el régimen político venezolano en una dictadura. No obstante, debe señalarse que la abstención de la oposición a participar en los mismos se correspondió también con un estado de división extremo entre sus elementos (9) y que entre las irregularidades señaladas (muchas comunes al conjunto de las democracias latinoamericanas) se encuentra el adelantamiento de las elecciones exigido previamente por ellos mismos.

Los marxistas sostenemos que el Estado constituye el aparato de dominación política de una clase o de una fracción de la misma. La coerción es, a su vez, uno de los atributos básicos mediante el cual este aparato defiende los intereses de estos sectores. Por ello, el recurso a la represión por parte del gobierno no se explica tanto mediante la discusión del carácter del régimen (es decir, si se trata de una democracia o de una dictadura), sino del carácter del propio Estado en una sociedad de clases. Que la oposición burguesa embellezca los alcances de su democracia mostrándola incompatible con los sucesos que hoy acontecen en Venezuela no debe extrañarnos, pero los socialistas no debemos perder la oportunidad de señalar los límites de la misma develando su propio contenido de clase. No debe perderse de vista, en este sentido, que innumerables regímenes considerados democráticos (por sí mismos y por la “comunidad internacional”) comparten muchas de las características del régimen venezolano.

Asimismo, hemos de señalar que la promesa democrática opositora opera ocultando la ausencia de dos cuestiones básicas en su discurso programático. La primera es la posibilidad de terminar con el modelo de acumulación rentístico-petrolero venezolano, que es la causa última de la crisis económica vigente. Esto parece darle un contenido a la disputa que se basa en la búsqueda de una redistribución de las transferencias de la renta petrolera estatal mediante el acceso a posiciones de gobierno. La segunda son las propias reivindicaciones mínimas de la clase obrera venezolana, como la recomposición de su poder adquisitivo mediante aumentos en el salario real y la generación de empleos, cuya ausencia no hace sino confirmar que la oposición burguesa, al igual que el oficialismo, descargaría el peso de la crisis sobre los trabajadores venezolanos.

Es por ello que los socialistas debemos evitar que la clase obrera venezolana derrame sangre por cualquiera de estas dos alternativas hegemónicas burguesas que no le garantizan siquiera mínimas mejoras de su situación actual. Solo la construcción de organizaciones sindicales y políticas propias e independientes de las mismas les permitirán a los trabajadores venezolanos enfrentar la ofensiva en su contra, venga del gobierno que venga.

Notas:

(1) Los modelos de acumulación rentísticos son muy comunes en la región, así como la falta de inversión productiva por parte de los sectores que perciben transferencias de parte de la misma por medio del Estado. La propiedad estatal de esta renta, no obstante, es una particularidad del modelo venezolano (en otros países de la región la apropiación de parte de esta renta para su posterior transferencia se da mediante políticas impositivas).

(2) Los enfrentamientos son más, y también son más violentos.

(3) https://www.telesurtv.net/news/noruega-continuidad-dialogo-gobierno-venezuela-oposicion–20190718-0036.html

(4) https://www.elmundo.es/internacional/2018/05/04/5aeb5b9bca47418f3f8b45ba.html

(5) https://peru21.pe/mundo/venezuela-petroleo-oro-alimentos-militares-regimen-nicolas-maduro-juan-guaido-nndc-476304

(6) Uruguay, no obstante, ha retirado su apoyo, un mes después de haberlo declarado, mediante un llamado a elecciones (https://www.lapoliticaonline.com/nota/117613-uruguay-ya-no-respalda-a-maduro-y-pide-elecciones-en-venezuela/)

(7) https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/71-friendly-fire-venezuelas-opposition-turmoil

(8) Así lo indica el “informe Bachelet” para las Naciones Unidas. https://www.nytimes.com/es/2019/07/05/venezuela-faes-derechos-humanos/

(9) https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/dividida-en-seis-grupos-la-oposicion-al-chavismo-toca-fondo-nid2190306

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